Unida a esas medidas relacionadas con la estructura estatal, está la lista larga de molestias y demandas que necesitan respuestas en la coyuntura.
- La libertad de los detenidos y perseguidos políticos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho y Janine Añez;
- la reforma judicial;
- las voces cada vez más radicales que levantan el federalismo;
- el creciente escenario de confrontación y violencia producidas por el narcotráfico y la inseguridad jurídica de la propiedad y la producción;
- las dificultades sociales, culturales y étnicas agudizadas por procesos raciales y migratorios irresueltos;
- los servicios públicos básicos, carentes en las áreas rurales o insuficientes en las ciudades;
- definición de la relación del Estado con las Entidades Territoriales Autónomas, a concretarse en el pacto fiscal;
- la disminución ostensible de recursos públicos para cubrir las necesidades del Estado central;
- la política confrontacional con los sujetos de la actividad privada;
- la insistencia gubernamental en un modelo de inversión pública, ineficaz y corrupto; y
- el descontrol colectivo sobre los recursos naturales, el ambiente y la sostenibilidad.