Ha llegado el momento de aceptar la realidad. En 30 gobiernos municipales con población mayor de 45.000 habitantes, vive el 70% de la población. Y sin embargo, en Bolivia no existe una ley ajustada de desarrollo urbano.
El tema no está incorporado en el debate público, mientras ignoramos el impacto que cuestiona nuestra modorra complaciente. ¿Cómo se pueden aprobar políticas públicas y brindar servicios públicos dignos a una población que no aceptamos, vive en ciudades?
La sociedad del Estado plurinacional originario indígena campesino y políticamente victorioso, debe abrir un debate que reconcilie los discursos, lo que estamos viviendo y lo que está ocurriendo en el territorio.
Esta reflexión es apropósito:
a) del intento fallido de imponer una Ley de control económico y de atropello de la libertad que desconoce la realidad, y
b) de los entusiasmos verbales de Álvaro García Linera.