1. Lo que se viene es complicado y ofrece una oportunidad para que la dirigencia política actúe con madurez y sin poner en más riesgo la frágil institucionalidad de la gobernación de Santa Cruz, esta vez, con plena consciencia de los actores.
2. Luis Fernando Camacho será trasladado a la cárcel de Palmasola para tratar el caso “Decretazo” en audiencia presencial fijada para el 11 de marzo a la 13:30 de la tarde. Dicen sus abogados que “una vez el Gobernador pise suelo cruceño, reasume las funciones de Gobernador del departamento, acatando la sentencia constitucional 1021/2023-S4.»
3. La audiencia por la que está siendo trasladado, corresponde a uno de los juicios que el gobierno le sigue al Gobernador; cuando este recurso se cumpla y termine, cualquiera sea el resultado y en el tiempo que le plazca a la justicia boliviana, Luis Fernando Camacho volverá a Chonchocoro, donde están radicados los otros procesos. Es probable que sea citado a La Paz a otras audiencias, mientras esté en Santa Cruz, y sea trasladado sin misericordia.
Me resulta imposible olvidar a José María Bakovic.
4. Los medios de comunicación informan que el gobernador en funciones ha realizado «23 ajustes en su personal de confianza», 6 de ellos, corresponden a las Secretarías.
5. Si Luís Fernando Camacho reasume la gobernación al pisar suelo cruceño, podría ratificar las designaciones de Mario Aguilera, o conformar un nuevo gabinete por el tiempo que esté en Santa Cruz.
6. Cuando el gobernador Camacho sea trasladado nuevamente a Chonchocoro, o sea citado a cumplir con los otros juicios a la ciudad de La Paz, con el antecedente constitucional, reasumirá la gobernación el Vicegobernador, Mario Aguilera.
7. Mario Aguilera podrá, en cada una de esas situaciones, ratificar el gabinete designado por Camacho, o nombrar uno nuevo.
8. ¡No nos merecemos un escenario de esa naturaleza!
Tres parecen ser las decisiones de urgencia, por el bien de Santa Cruz:
1. Un acuerdo de gobernabilidad de las fuerzas democráticas presentes en la Asamblea Legislativa Departamental para garantizar la continuidad de Mario Aguilera en las funciones de gobernador, y así evitar un manoseo político previsible por parte del gobierno; con el antecedente jurídico, el gobierno podría repetir el procedimiento de llevar y traer a Luís Fernando Camacho, e inhabilitar políticamente la gobernación y al departamento más productivo de Bolivia.
2. Un acuerdo jurídico para reforzar la defensa del gobernador Camacho que garantice el restablecimiento de sus derechos constitucionales conculcados, en el menor tiempo posible.
3. Un Plan de Emergencia Departamental que garantice la realización de acciones imprescindibles que fortalezcan el trabajo, la inversión, la paz social y la gobernabilidad en Santa Cruz.
Por madurez política, por responsabilidad ciudadana y para preservar la institucionalidad democrática, Mario Aguilera debe seguir siendo el gobernador en ejercicio, mientras el gobernador Camacho no pueda hacerlo plenamente.
¡Que disyuntiva más exigente para quienes son los líderes políticos en ejercicio!
