Antes de este proceso, las zonas rurales eran casi inexistentes para la administración pública. En un ministerio se definía la compra hasta de las tizas para las escuelas. Los municipios comenzaron a recbir dinero para atender a sus habitantes
Monica Salvatierra.
Hace 31 años Bolivia no era ni la sombra de lo que es hoy. El país se manejaba desde La Paz y solo 24 municipios tenían gestión administrativa: las capitales de departamento, algunas localidades fronterizas y algunas ciudades intermedias. “Era un país de mentira”, dice ahora Carlos Hugo Molina, quien ideó e hizo realidad la primera y más grande descentralización que ha tenido este país, la Ley de Participación Popular.
Tres décadas después, se plantea una nueva descentralización profunda, porque Bolivia vive una realidad diferente.
La Ley 1551 de Participación Popular fue promulgada el 20 de abril de 1994, hace tres décadas y para llevarla adelante hubo un trabajo maratónico que ahora parece increíble. En pocos meses se crearon municipios, especialmente en las zonas más alejadas del país, que pasaron de ser 186 a 311, donde no solo debía haber un alcalde, sino concejos municipales y oficialías mayores. En un par de meses se “fabricó” un sistema de distribución de recursos de coparticipación tributaria para que lleguen a 311 municipios en todo el país, lo que significó gestar un clasificador presupuestario, crear cuentas fiscales y garantizar que el 20% de los impuestos llegue directamente a los gobiernos locales o municipales y a las universidades. Y directamente significa sin que ningún burócrata intervenga, para evitar que este dinero sea canalizado según los afectos o desafectos de los políticos de turno. Pero antes de todo eso, se crearon mapas de municipios que eran inexistentes. Se hizo a partir de la voluntad política de ese momento, a la cabeza de Carlos Hugo Molina, un cruceño que sigue trabajando y planteando revoluciones para cambiar la vida de los bolivianos.
Fue el ideólogo de este proceso de descentralización y se cruzó con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que estaba interesado en dar voz a los habitantes de zonas rurales que en ese momento no tenían representación política. “El 42% de los habitantes no eran ciudadanos efectivos al no tener relación real con la solución de sus problemas ni vínculo directo con autoridades”, recuerda. El punto de partida fue el Censo de Población y Vivienda de 1992, que sinceró la realidad de Bolivia: el 58% de los habitantes vivía en poblaciones urbanas y el 42% en zonas rurales, que prácticamente no existían para el poder. Eso significa que, si en una localidad alejada tenían una necesidad, la gestionaban a través de la corporación de desarrollo de su departamento y, por tanto, debían esperar que el centralismo la resuelva.
Arrancando el cambio
¿Y cómo es que se logró una descentralización municipal cuando al poder central nunca le atrajo la idea de repartir recursos y competencias? “Lo sorprendimos al Gobierno”, recuerda Carlos Hugo. En ese momento, los movimientos cívicos estaban demandando descentralización departamental y la Participación Popular fue una propuesta innovadora que pateó el tablero. “Se daban situaciones absurdas como que el Ministerio de Salud compraba en La Paz la gasa, el algodón y el alcohol que se utilizaba en el país o el Ministerio de Educación compraba la tiza y las almohadillas para usar las pizarras de las escuelas”, dice Molina al recordar que la Participación Popular permitió trasladar todo lo que era posible a los gobiernos locales.
Ruddy Cuéllar acompañó el proceso. Trabajaba en Cordecruz y recuerda cómo desde las corporaciones de desarrollo se acompañó a los alcaldes para incorporar los nuevos procedimientos. “Hubo tres ejes en este momento: La institucionalización de gobiernos municipales; darles estructura orgánica. En segundo lugar, lograr la transferencia de competencias y de recursos; y en tercer lugar, la inclusión social, de manera que los ciudadanos participen con sus demandas en la generación de los planes para cada urbe”. Cuéllar cita como ejemplo a Santa Ana de Yacuma, municipio beniano, que pasó de recibir Bs 50.000 a Bs 30 millones con la coparticipación tributaria. “Eso demuestra el poder local, la participación ciudadana y la importancia de este proceso de desarrollo”, dice.
Un nuevo punto de inflexión
Si el Censo de 1992 sinceró la realidad de la Bolivia de ese momento, la esperanza de Carlos Hugo y de Ruddy es que el último Censo de Población y Vivienda muestre al país que tenemos ahora y que eso permita abrir el debate. “En 30 municipios de Bolivia ya vive el 78% de la población”, plantea Carlos Hugo Molina, quien cree que ese es el número de zonas con más de 45.000 habitantes, mientras que en localidades rurales de Chuquisaca, Oruro y Potosí se está dando un vaciamiento de gente por la migración.
Por su lado, Ruddy Cuéllar afirma que en los últimos años se ha dado marcha atrás en la descentralización. “Hemos retrocedido en descentralización. Hay recortes presupuestarios y de competencias. El país se ha vuelto más centralista que hace 20 o 30 años. Hay una serie de recursos que debita el gobierno nacional”, sostiene y cree que los gobiernos locales y departamentales “están quebrados y sin posibilidad de resolver los problemas que se plantean con las migraciones”. Lo ve como un desafío para gestar una nueva descentralización del país.
“Lo que quedan son ciudades intermedias para ocupar el espacio, de desarrollo de capacidades locales, de desarrollo del turismo, de las potencialidades productivas”, dice Molina trazando una ruta para comenzar el debate. Para él, el turismo es estratégico y en los municipios hay el anhelo y la voluntad de encararlo, por lo que plantea la necesidad de generar políticas públicas para impulsarlo.
Cuéllar complementa que se debe dinamizar la economía de los municipios, de manera que tengan capacidad de dar respuesta a la necesidad de sus habitantes.
Aún sin debate
Carlos Hugo Molina ve que aún no hay conciencia plena de esta realidad. “No está en el debate político, no está en el discurso ni en las propuestas. Se sigue pensando en un país idílico, pero en el que la gente se ha movido y ha cambiado radicalmente. Las áreas rurales de Chuquisaca, Oruro y Potosí están abandonadas, por un lado. Por otro, las concentraciones en áreas urbanas no están dando las respuestas que se necesitan”, reflexiona.
A su vez, Cuéllar ve que los gobiernos municipales están rebasados de necesidades, sin tener la posibilidad de dar respuesta, lo que obstruye la posibilidad de reproducir el poder para dar continuidad a los proyectos de desarrollo. Ambos piensan que es tiempo de reflexionar y confían en que el censo abrirá las puertas para tocar el tema y plantear reformas de fondo al Gobierno nacional.
La Participación Popular revolucionó al país. El gestor de esta transformación la recordó en esta entrevista con EL DEBER (ver el video en la página web). Ahora se esfuerza en convencer a la ciudadanía de que ha llegado el momento de otro cambio de fondo. El tema está sobre la mesa.
