Información útil para comprender por qué «citan a declarar en la Fiscalía a Rector de la UAGRM, Vicente Cuellar, por delitos de Terrorismo y otros.»
La sociedad civil boliviana y 110.000 universitarios de la Gabriel, estaremos atentos a que el día de mañana se garantice la libertad de las personas como bien supremo de la democracia, y los denunciados, se defiendan en libertad.
El Estado boliviano aprobó la ley 1492 el 29 de noviembre de 2022 por la cual aceptó adelantar la realización del Censo el año 2024 y distribuir los recursos de coparticipación desde septiembre del 2024. Este fue el resultado de una movilización ciudadana que se produjo en Santa Cruz durante 36 días y cuyo resultado hoy beneficia a todo Bolivia.
Irónicamente, gracias a esa Ley, el jueves 13 de abril, a las 9:30, en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Lucha Contra la Corrupción, han citado a Vicente Cuellar, Reinerio Vargas, José Luis Santistevan, Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, por los supuestos delitos de:
1. resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes,
2. atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado,
3. violencia política contra mujeres, racismo, discriminación,
4. atentados contra la libertad de trabajo,
5. atentado contra la seguridad de los servicios públicos,
6. impedir o estorbar el ejercicio de funciones,
7. racismo
8. asociación delictuosa, y
9. terrorismo.
La denuncia tiene algunas particularidades que la hacen peculiar:
1. Se efectúa en El Alto, y es aceptada por un Juez que carece de Jurisdicción.
2. Se realiza sobre hechos y delitos inexistentes, terrorismo, por ejemplo. Y otros, de imposible demostración material.
3. Esos mismos hechos, ya están siendo investigados en otros procesos y en otros juzgados, algunos con imputación y sentencia.
4. Las acciones legítimas de la sociedad, fueron avaladas por el Cabildo Constitucional realizado el 30 de septiembre, fiscalizado por el Tribunal Departamental Electoral.
5. Intenta judicializar el derecho a la protesta que se manifestó por la suspensión del Censo que debía realizarse el 16 de noviembre de 2022.
Las autoridades universitarias y los denunciados, piden tranquilidad a la población pues señalan que existe una defensa jurídica sólida frente a los infundios, que serán rebatidos en justicia y derecho, lo que permitirá que el proceso sea sustanciado en el tribunal territorial que corresponde, Santa Cruz de la Sierra.