El Censo de Población y Vivienda a realizarse el año 2024 mostrará la realidad a la que en este momento llegamos a través de estudio, investigaciones y proyecciones. Tenemos una secuencia censal que parte del año 1950 que determinó la existencia de una población rural del 74% y urbana del 26; en 1976, 59% rural y 41% urbano; el año 1992, el Censo determinó 58% urbana y 42% rural; en el año 2001, éramos 62% urbano y 38% rural; finalmente, el Censo del 2012, arrojó 67% urbano y 33% rural.
Muchas cosas han ocurrido en Bolivia después del Censo 2012 que está acelerando el proceso migratorio. Habrá que repetir que el crecimiento de las ciudades es parte de una tendencia mundial y responde a realidades sociales, demanda de servicios y economía de escala para brindarlos. Desde el 2013 junto al CEPAD venimos estudiando la ocupación del territorio por parte de la población a partir del estudio de las ciudades intermedias.
A la crisis económica mundial y la pandemia por el Covid-19, en Bolivia identificamos tres variables negativas que provocan presión migratoria. De 339 gobiernos locales existentes, según el Censo del año 2012, 256 tienen población menor de 20.000 habitantes, que carecen de servicios esenciales de salud, educación completa y presencia estatal, lo que obliga a realizar gestiones y trámites fuera de su jurisdicción. La segunda que hemos encontrado se refiere al cambio climático y la modificación del patrón del agua principalmente en zonas rurales del altiplano y los valles. Y la tercera tiene que ver con la capacidad productiva y de economía de escala que hace que la producción rural en Bolivia tenga costos más altos que la producida en el Perú, lo que la desincentiva.
La pandemia tensionó la vida social sobre los 3 indicadores más sensibles de la vida cotidiana en el territorio, frente a la carencia de salud, educación y trabajo.
A partir de esas variables, los resultados proyectados indican que existe una tendencia migratoria hacia 30 municipios mayores de 45.000 habitantes, en los que, en este momento, ya estaría el 75% de la población. Nuestra lucha académica ha estado centrada en demostrar que la población boliviana es mayoritariamente urbana, enfrentando una posición discursiva del Estado, que sostiene su calidad de indígena originaria campesina. Al llevar el debate al ámbito ideológico, Bolivia no ha desarrollado una estrategia urbana que permita cumplir la responsabilidad de ofrecer respuestas ni dotar de los instrumentos para ello a las ciudades. Según los datos de la Fundación Jubileo, el próximo Censo dejará en evidencia que 284 municipios decrecerán en recursos de transferencia, mientras seguimos sin asumir la irrupción de las ciudades, negando lo urbano.
Nuestra investigación se ha realizado en 25 ciudades intermedias que tienen calidad de prototipos e identifican el universo, identificando131 variables con verificación de su existencia o no; los resultados reiteran lo que la evidencia nos muestra: un abandono complicado de las áreas rurales, principalmente en Chuquisaca, Oruro y Potosí.
La necesidad de visibilizar lo urbano y mantener lo rural requiere de políticas públicas. Nuestra apuesta por las ciudades intermedias es por la posibilidad que ofrecen de convertirse en nodos de servicios, producción y desarrollo articulado, reconociendo la existencia de realidades urbanas y rurales que deben ser aceptadas de manera equilibrada; la impronta originaria indígena campesina, más discursiva que real por los resultados, obliga a que seamos responsables con nuestro futuro y con quienes tienen esa calidad.
Reconocer la Bolivia urbana, propone una relación de equilibrio humano que respete a los habitantes, donde viven, y en condiciones dignas.