A 29 años de su promulgación, un 20 de abril del año 1994, la Ley de Participación Popular fortaleció la democracia en Bolivia, efectivizando la autonomía municipal, promoviendo la participación e inclusión social, estableciendo mecanismos de planificación territorial y definiendo mecanismos de inversión concurrente entre niveles del Estado.
Los pilares de la Ley de Participación Popular que aportaron en la consolidación del municipalismo en Bolivia, son:
Inclusión Social y reconocimiento de los sujetos de derecho a través de a través de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs).
Control social en la gestión pública a través de los Comités de Vigilancia.
Reconocimiento del Estado Municipalista pasando de 24 gobiernos municipales que contaban con fondos antes de 1994, a 311 gobiernos municipales con presupuesto y competencias después de su promulgación.
Autonomía económica descentralizando el 20% de los recursos a nivel municipal (más el 5% al sistema autonómico universitario) y el estableciendo de mecanismos para la generación de recursos propios.
Carlos Hugo Molina Saucedo, Director de CEPAD y el líder del proceso de Participación Popular, comentó que “La Participación Popular fue una Ley que se convirtió en proceso. Gracias a ella categorías como autonomía, gestión territorial, desarrollo económico local, mancomunidad de municipios, fortalecimiento urbano y ahora, Ciudades Intermedias, han adquirido carta de ciudadanía, y la participación ciudadana y la contraloría social, son materias constitucionales.
No tenemos todavía el país que queremos, sin embargo, seguimos desarrollando los instrumentos con el que lo alcanzaremos”.
